Boletín Informativo en materia de Derechos Humanos


Expertos encomian la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior de México

El 15 de noviembre pasado, el máximo tribunal mexicano consideró que dicha ley es contraria a la Constitución y a los tratados internacionales ya que contiene disposiciones que normalizarían el uso de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad pública. La legislación fue elaborada por el actual gobierno, que concluirá su mandato este 30 de noviembre.

Los expertos consideraron que esta declaración es un paso significativo para revertir la militarización de la seguridad pública en el país.

"El creciente papel de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen, aunado a la ausencia de mecanismos efectivos de control y rendición de cuentas, ya ha dado lugar al bien documentado incremento en las violaciones de derechos humanos en México", señalaron los expertos. "Saludamos esta decisión de la Suprema Corte".

Desde el inicio del proceso legislativo que buscaba fortalecer la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad y en el combate a la delincuencia, los expertos expresaron preocupaciones con respecto a su potencial impacto sobre la protección de los derechos humanos. Estas preocupaciones fueron compartidas con magistrados de la Suprema Corte el pasado 12 de noviembre. La decisión de la Corte declarando la inconstitucionalidad de la ley adoptada en 2017, se tomó tres días después.

Recomendaciones

Los expertos recordaron las recomendaciones que han sido emitidas por diversos mecanismos de las Naciones Unidas, respecto a la necesidad de restringir la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, de separar debidamente las funciones policiales y militares, de instituir mecanismos efectivos de control civil y de garantizar la rendición de cuentas por las violaciones a los derechos humanos cometidas por integrantes de las Fuerzas Armadas.

Los relatores urgieron al Estado mexicano a no adoptar ninguna medida que consolide el modelo militar en materia de seguridad.

Finalmente, reiteraron su disposición para asistir los trabajos para fortalecer el marco legislativo e institucional del país y asegurar el ejercicio de los derechos humanos de todos los habitantes de México.

* Los expertos son: Tae-Ung Baik (Vice Presidente), Bernard Duhaime (Presidente-Relator), Souria Es-Slami, Luciano Hazan, Henrikas Mickevičius, Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias; Seong-Phil Hong (Presidente-Relator), Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; Joe Cannataci, Relator Especial sobre el derecho a la privacidad; Michel Forst, Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; Agnès Callamard, Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; David Kaye, Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión.

FUENTE: ONU NOTICIAS

Los gobiernos han de proteger los derechos humanos de los integrantes de caravanas

Los especialistas de la ONU han expresado su preocupación a través de una serie de cartas remitidas a los gobiernos de Guatemala, Honduras, México y Estados Unidos, pidiéndoles que respeten el derecho internacional.

"Esas caravanas no serán las últimas a menos que la situación de la que huyen los migrantes, muchos de ellos de escenarios de violaciones extremas de los derechos humanos, mejore considerablemente", advirtieron los expertos.

Añadieron que los gobiernos deben colaborar conjuntamente para tratar fenómenos como la desigualdad, la pobreza, la exclusión social o la violencia, entre otros factores que impulsan la migración en América Central, en vez de "alimentar las tensiones con discursos de odio y amenazas".

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos cifra entre 12.000 y 14.000 el número de migrantes centroamericanos que cruzaron las fronteras de Guatemala y México en ruta hacia Estados Unidos. Los grupos más numerosos proceden de Honduras, seguidos por otros migrantes de Guatemala, Nicaragua y El Salvador.

La respuesta de EE. UU. es contraria al derecho internacional

Los expertos también manifestaron su preocupación "por el lenguaje y las prácticas racistas y xenófobas utilizadas por las autoridades estadounidenses que son contrarias a las normas internacionales de igualdad y no discriminación de los derechos humanos".

Consideran que la respuesta estadounidense viola el derecho internacional y además estigmatiza a los migrantes y refugiados al compararlos con los delincuentes y las epidemias.

"Es motivo de especial preocupación que esa retórica sea expresada por autoridades de alto nivel, lo que conduce a la escalada y normalización del discurso al odio, la incitación al odio y la discriminación en la esfera política y pública".

Asimismo, manifestaron su "profunda preocupación" por el envío de tropas a la frontera de Estados Unidos con México ya que consideran que estas fuerzas no están capacitadas para ejercer este tipo de tareas.

Destacaron además los cuantiosos riesgos a los que se enfrentan los migrantes y refugiados durante su travesía.

En sus misivas a los gobiernos, los relatores recordaron que las fuerzas militares en las fronteras ante la llegada de caravanas han de actuar "conforme a los principios internacionalmente reconocidos de necesidad, proporcionalidad y racionalidad".

UNICEF pide asilo para los menores

Por su parte, el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) manifestó su inquietud por el limitado acceso a servicios esenciales que padecen los más de 1000 niños que están atravesando México en caravanas o a la espera de presentar sus solicitudes de asilo en la frontera de Tijuana.

"Un niño es ante todo un niño, independientemente de su estatus migratorio. De conformidad con el derecho internacional, UNICEF insta a todos los gobiernos a garantizar que los niños desarraigados tengan acceso a los trámites de asilo de manera inmediata, independientemente de cómo entren en el país".

UNICEF también pidió a los gobiernos implicados respetar la unión familiar y usar alternativas a la detención de migrantes. Tanto el aprisionamiento como la separación familiar son prácticas "traumáticas" que pueden dejar a los menores más indefensos ante la explotación.

*Los expertos de la ONU son : Seong-Phil Hong, presidente-relator del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; Obiora C. Okafor, experto independiente sobre los derechos humanos y la solidaridad internacional; Dainius Puras, relator especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; Leilani Farha, relatora especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado; Michel Forst, relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; Felipe González Morales, relator especial sobre los derechos humanos de los migrantes; Tendayi Achiume, relator especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia; Nils Melzer, relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; Maria Grazia Giammarinaro, relatora especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños; Ivana Radačić, p*esidenta del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica

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